A la carta de despido o el portón cerrado, respondieron con lucha. De la misma forma actuaron aquellos desempleados que sólo perseguían un plato de comida para poner en la mesa familiar. Y de la lucha y la organización, nacieron las cooperativas que este año se incrementaron un 32 por ciento, de acuerdo a los datos de junio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En el conurbano se registran 1878 cooperativas, 1725 corresponden a cooperativas de Trabajo. Esta cifra representa un incremento del 32% respecto a las registradas en el mismo período del 2021. Este tipo de organización permite la continuidad laboral de quienes creían haber perdido su trabajo, pero también hay otros problemas que sortear.

Nicolás Macchi preside Cotramel, una de las 134 cooperativas de trabajo que existen en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, advierte que en el país hay 430 empresas recuperadas. Y el mayor problema para los trabajadores es poder garantizar la continuidad de la fuente de trabajo por la situación irregular del predio en el cual se desempeñan. 

Según el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento, son 151 las cooperativas en el distrito, la gran mayoría de trabajo. Lo mismo sucede en Almirante Brown, que cuenta con 99 cooperativas, 94 de trabajo; San Martín tiene 117 cooperativas, 110 de trabajo; y La Matanza que llega a las 319, 292 de trabajo.

Desde la conformación de Cotramel, tras una lucha que incluyó la toma del predio de Llavallol para evitar el vaciamiento, la cooperativa logró mantener y ampliar la planta de trabajadores asociados en un 20 por ciento; pasó de tener 50 a 60 empleados.

La incertidumbre se hace carne en todos ellos porque en septiembre se pondrá en marcha la licitación para vender la fábrica, en el marco de la quiebra, y temen perderlo todo. En este escenario, piden el tratamiento del proyecto de ley de unidades productivas que aparece para dar respuesta a las cooperativas que se encuentran en esta situación.

A mediados de julio, de hecho, se reunieron con el diputado Daniel Arroyo y le expresaro  la necesidad de un urgente tratamiento de la iniciativa.

"Toda unidad productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva", señala el artículo 1 del proyecto.

También establece que "el valor de la indemnización se determinará por el valor de base de remate de los bienes en cuestión". "A efectos de pagar el monto de la indemnización se creará un fondo fiduciario, al que se destinarán partidas previstas en la ley de presupuesto nacional de cada año y que no podrá ser inferior al 5% del total destinado al Ministerio de Economía de la Nación", señala el tercer artículo.

En este contexto, la iniciativa plantea que "el Poder Ejecutivo cederá en comodato los inmuebles expropiados por la presente ley a la cooperativa de trabajadores/as para la consecución de su objeto social, con la condición de que ésta ceda parte de sus instalaciones, no utilizadas para la producción, para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados y/o de formación profesional". "Tendrá vigencia mientras perdure el objeto social de la cooperativa de trabajadores/as y se dé cumplimiento a las condiciones previstas en el artículo precedente", apunta el texto.