Desde el lunes 4 de marzo las unidades turísticas de Chapadmalal, en la Costa Atlántica bonaerense, y Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, dejaron de funcionar: se trata de los únicos dos espacios que se dedican a promocionar el Turismo Social en la Argentina con el objetivo de que los ciudadanos puedan vacacionar a un bajo costo. 

Inmediatamente se produjo una polémica al respecto: el bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo Nacional arbitrar “todos los medios a su alcance para sostener la vigencia del derecho al Turismo Social garantizando la continuidad y prestación de todos los servicios”.

El Gobierno nacional recogió el guante y mediante un comunicado enviado por la Secretaría de Turismo desmintió “categóricamente los rumores” por el cierre definitivo de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. 

“Este año se adelantó el cierre debido a la expiración de las concesiones, que ya llevaban tres meses vencidas y se mantenían en funcionamiento mediante un abono significativo para el Estado. Se trabaja en un nuevo pliego licitatorio que garantice la continuidad del turismo social”, expresó el comunicado. 

La cartera que está bajo la órbita de Daniel Scioli también destacó que “no se privatizarán los hoteles, ya que son monumentos históricos y los edificios tienen un propósito de utilidad pública. Se está llevando a cabo un proceso de licitación para la prestación de servicios, incluyendo gastronomía y hotelería”, destacaron. 

Para tener en cuenta: entre enero y diciembre de 2023 unas 118 mil personas disfrutaron del Turismo Social en la Argentina, abonando su estadía en los hoteles y transporte. Una noche de hotel rondaba los $3.000 y había que anotarse previamente para poder asegurarse un cupo.