A pocas semanas que se reanude la actividad educativa, el Gobierno nacional habilitó a los establecimientos de gestión privada de todos los niveles a fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites.

Lo hizo al derogar una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.

“Que, entre los objetivos asignados a la citada Secretaría, se encuentra la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor, correspondiendo a su respecto la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias” decía la norma derogada.

Añadía que “la relación entre escuelas privadas y educandos, reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos”.

En consecuencia, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.

El antecedente inmediato es el de  las obras sociales, que dispusieron un aumento del 80 por ciento en apenas dos meses. El principal problema es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.