El gobierno de Javier Milei anunció un paquete de medidas que apunta a un ajuste fiscal pero aún hay otras que están en el tintero y requiere del visto bueno del Congreso. Dentro de las principales aparece el fin de la movilidad jubilatoria, hoy cada tres meses, y revertir los cambios en el Impuesto a las Ganancias, que se hizo efectivo en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.

Las medidas incluyen, entre otras, la "reversión" del alivio de Ganancias a los trabajadores que votó el Congreso hace un mes y un nuevo esquema de anticipos del Impuesto a los Bienes Personales.

La eximición del Impuesto a las ganancias para la enorme mayoría de los asalariados había comenzado a funcionar en septiembre por una resolución del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y a fines de ese mes fue refrendada por una ley votada en el Congreso por el oficialismo con el apoyo de otros legisladores, entre ellos, el entonces diputado nacional Javier Milei.

Esa ley estableció que los trabajadores que deben pagar Ganancias son las que ganan 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), que hoy significan 2 millones de pesos mensuales. El cálculo que hizo el Gobierno en el momento de la aprobación de la ley indica que sólo el 1% de los trabajadores quedarían alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Con Bienes Personales, el Gobierno no quiere cambiar las alícuotas, pero sí permitir que la AFIP cobre más adelantos de ese impuesto, para que el Estado pueda "hacer caja" más velozmente.

Fuentes de Economía también adelantaron que el Ejecutivo tratará además que el Congreso apruebe una suba del Impuesto País del 7.5% al 17.5% que se aplica a los bienes importados de primera necesidad.

Además, el Gobierno buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral. Mientras tanto definirá aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

La explicación para promover este cambio es que “el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley”, según consta una publicación de Infobae.

La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.

En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.