La Policía Federal rescató, en el marco de varios operativos, a siete personas que eran víctimas de explotación laboral en tres campos de Ezeiza y Cañuelas. Cinco imputados. ¿Cómo vivían los trabajadores rescatados?

Agentes  del Departamento Trata de Personas, de la Superintendencia de la Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina imputaron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por el delito. Se trata de los dueños de los tres campos allanados en Ezeiza y Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos fueron en tres campos de cultivos de verduras de Ezeiza y Cañuelas, donde eran explotados sus empleados, a quienes les exigían una excesiva cantidad de horas de trabajo por día, las cuales llegaban a casi 14 horas diarias, de lunes a sábado, siendo su paga ínfima.

De las tareas de campo, que efectuaran los detectives del Departamento Trata de Personas, pudieron comprobar que los empleados se hallaban trabajando en los predios, durante todo el día en precarias viviendas.

Materializados los allanamientos, en los campos, y contando con la cooperación del Departamento Técnico Del Cibercrimen, de la misma Superintendencia de Investigaciones Federales, mediante drones, pudo observar en las distintas requisas que efectuara, de las precarias casillas, donde vivían los empleados, que las mismas poseían piso de tierra, sin energía eléctrica, en condiciones precarias y de hacinamiento. 

A través de las pesquisas realizadas en los distintos domicilios, se secuestraron  cinco teléfonos celulares de alta gama y gran cantidad de cuadernos con anotaciones, además  se pudo observar en las distintas hojas, que en realidad los jornaleros del  lugar, serían unos 13 a 18 más, de los encontrados en el lugar, pero que debido a las constantes lluvias que azotan al conurbano bonaerense desde hace varios días, y para poder  llegar al lugar siendo esto casi imposible, es que no habían concurrido a trabajar el día de los  allanamientos.

Cabe destacar que las personas rescatadas, fueron entrevistadas  con el gabinete psicológico  del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, con el objeto que accedan a los beneficios del programa, las cuales no aceptaron.  

Finalmente el Magistrado interventor, dispuso que con respecto a los cinco propietarios del lugar, cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, la identificación, notificación de la causa y el impedimento de salida del país, a fin de que no eviten la investigación judicial y se den a la fuga.