domingo 30 de junio de 2024 - Edición Nº2034

Actualidad | 4 abr 2023

En Almirante Brown

Detectaron que el 60% de los trabajadores estaba en negro

Fue durante un control en una fábrica de pizzetas y panificados de Burzaco.


El Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, junto al Ministerio de Trabajo de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inspeccionaron la fábrica de pizzetas y panificados Malú de la localidad de Burzaco y advirtieron que el 60 por ciento de los trabajadores estaba en negro.

De acuerdo a la información, el 60 por ciento estaba “en negro”, mientras que el restante 40 por ciento había sido registrado en marzo pasado. La antigüedad de los trabajadores de estos espacios fabriles está entre dos y cinco años.

Desde el Sindicato que conduce Luis Hlebowicz, resaltaron que los empleados y las empleadas “estaban en condiciones laborales de evidente explotación” y que “los empleadores adeudan las cargas de todo tipo”.

Además, el Sindicato recibió información acerca de amenazas de despido que recibió el personal de fábrica para que no declaren que son trabajadores de la firma. Desde el gremio sostuvieron que “Al sector empresario no le pedimos más de lo que es justo”, en referencia al reclamo que llevan adelante para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.  

Las inspecciones se realizaron en ambas plantas de la Fábrica Malú cuyo nombre fiscal es Panificadora Santa Monica SRL. Participaron ocho inspectores de la AFIP y cuatro del Ministerio de Trabajo del operativo que relevó datos de más de 40 trabajadores. 

Pasteleros exige que “el empresariado no naturalice las acciones que no respetan los derechos laborales”. 

De hecho, remarcaron que en el último tiempo se intensificaron los controles en todos los lugares de trabajo de los afiliados y afiliadas, ya que además, hay empleadores que registran parcialmente a los empleados, con contratos de media jornada que ocultan una jornada completa. “Esto para evadir el pago de cargas sociales en detrimento del derecho de los trabajadores. Este tipo de acciones repercuten en la calidad de vida de miles de personas, ya que desfinancian el sistema solidario de salud y dificultan el acceso a un salario digno”, explicaron.

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