Los nueve efectivos policiales acusados de asesinar a un hombre de 35 años mientras se encontraba detenido en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú deberán enfrentar un juicio oral por el crimen, ocurrido en noviembre de 2021.

La resolución fue adoptada por el juez de Garantías 4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, quien elevó a juicio la causa por la que están imputados cinco hombres y cuatro mujeres, todos ellos miembros de la Policía Bonaerense.

El magistrado hizo lugar al pedido realizado días atrás por el fiscal Martín Prieto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 (UFI 2) descentralizada del partido bonaerense de La Costa, quien llevó adelante la investigación por el homicidio de Alejandro Nicolás Martínez.

El juez dispuso que los principales acusados del crimen, José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48), sean juzgados como coautores del delito de "homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones".

A su vez, consideró acreditado que los efectivos Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) intervinieron en el hecho en calidad de "partícipes secundarios" y también deben enfrentar un debate oral.

En su resolución, Olivera Zapiola rechazó la nulidad del pedido de elevación a juicio planteada por la defensa de los acusados, y también los pedidos de sobreseimiento de los nueve.

El juez entendió que la necesidad de llevar a juicio la causa "se desprende de la suma de los elementos probatorios" incorporados al expediente, "convergentes" y "demostrativos de la existencia del hecho materia de investigación y la participación de los imputados en el mismo". "Cabe hacer notar que los elementos indiciarios respecto de la autoría y participación atribuidas resultan suficientes como para justificar la impostergable necesidad de producir el amplio debate del juicio", señaló en su fallo.

Según la investigación, los tres imputados como coautores mataron a Martínez en la madrugada del jueves 18 de noviembre último, luego de que fuera aprehendido y trasladado a un calabozo de la comisaría 3ra. de San Clemente por provocar daños en un hotel en el que se hospedaba.

El fiscal consideró acreditado en la instrucción que los nueve acusados "planificaron dar muerte" a la víctima, "asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado".

Prieto indicó en su pedido de elevación a juicio que "con el fin de causar una muerte alevosa" a Martínez, los efectivos Pereyra, Rohr y Munche "ejercieron una extrema violencia física" sobre él dentro de la seccional, "propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos",

Precisó además que, de acuerdo a las dos autopsias realizadas al cuerpo, la víctima sufrió "múltiples lesiones" así como "fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana frontoparietal, cianosis cervicofacial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón", lo que le provocó "un paro cardíaco traumático".

El fiscal entendió a su vez que el resto de los imputados "brindaron la cobertura necesaria para que" los otros tres "no corrieran ningún tipo de riesgo", y para "asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte al Sr. Martínez".

Los tres principales acusados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó en marzo la medida dispuesta en ese sentido por el juez.

Los camaristas dispusieron, en cambio, que los otros seis efectivos fueran liberados por falta de mérito, pese a que Olivera Zapiola también había dispuesto que continuaran detenidos por entender que intentarían "eludir la acción de la Justicia".

Desde el inicio de la instrucción, ocho de los acusados brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que Pereyra optó por no declarar.

Según la investigación, Martínez murió en la comisaría 3ra. tras ser trasladado en un patrullero desde el Hotel Fontainebleau, ubicado en calle 3 y avenida Costanera, luego de que empleadas del lugar denunciaran que estaba provocando daños en la habitación del séptimo piso en la que se hospedaba.

Un llamado desde esa seccional a la UFI 11, que intervino inicialmente, reportó la aprehensión del hombre por "daños" a las 0.58 del 18 de noviembre, y menos de una hora más tarde, una nueva comunicación indicó que había fallecido, por lo que se inició una causa por "averiguación causales de muerte".

El fiscal Pablo Gamaleri, titular de esa unidad descentralizada, ordenó la autopsia del cadáver, que reveló que había muerto a causa de una "asfixia mecánica" y que además había sufrido golpes y lesiones.

A raíz de las pruebas recolectadas, dos días más tarde fueron detenidos los nueve policías, y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva.

La segunda, realizada nuevamente en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, confirmó los resultados de la primera e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.