lunes 26 de septiembre de 2022 - Edición Nº1391

Actualidad | 20 sep 2022

ALEGATOS

Para Beraldi, los fiscales hicieron un "intento desesperado" por mantener la acusación

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner lo sostuvo en su exposición en el segundo día de su alegato ante el TOF 2 en el marco de la causa Vialidad.


El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió este martes que la fiscalía hizo un "intento desesperado" por sostener una acusación que tiene "certificado de defunción" al tiempo que afirmó además que la Presidencia de la Nación no tiene entre sus competencias el control de la obra pública provincial.

En su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en la llamada causa Vialidad, el defensor de la Vicepresidenta sostuvo que el llamado operativo "limpiar todo" postulado por la fiscalía en su acusación "no existió".

Con este tema comenzó la exposición pasadas las 9 y luego se abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, tramo en el cual el defensor remarcó que la ex presidenta no tenía "competencia" para ejercer controles porque Argentina es un país "federal" y se trata de un tema de jurisdicción provincial.

Sobre el bautizado operativo "limpiar todo" por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Beraldi lo atribuyó a un "intento desesperado" para mantener la acusación que tiene "certificado de defunción", para lo cual se falseó prueba y se introdujo una "acusación calumniosa" en base al peritaje del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López.

La Vicepresidenta "no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas", sostuvo Beraldi.

El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Los fiscales hicieron "un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio", analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como "limpiar todo" en su alegato final.

En base a estos mensajes de López, "más de 26.000" de los cuales los fiscales "usaron cuatro o cinco" se construyó, según Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.

"Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros", enumeró sobre esa acusación fiscal.

Esto "iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata".

Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como "voy a ir a ver a la señora".

"El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario", evaluó.

Además, desmintió una supuesta reunión de la ex Presidenta con Lázaro Báez el 30 de noviembre de 2015, a la que hizo referencia la fiscalía en su alegato.

Beraldi sostuvo que esto fue “falso” y que ese día en la hora en la cual se la ubicó con Báez estuvo en Rio Negro en un acto oficial, cuyo video exhibió en la audiencia.

El viernes, el turno de Cristina

Para el viernes, la Vicepresidenta tiene previsto hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesión de abogada, algo que hará también de manera virtual.

La ex presidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta.

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