lunes 26 de septiembre de 2022 - Edición Nº1391

Judiciales | 9 sep 2022

Investigación

Secta del horror: Procesaron a los imputados

Acusados de asociación ilícita destinada a cometer delitos y trata de personas con fines de explotación sexual.


El juez federal Ariel Lijo procesó a 19 imputados por los delitos de asociación ilícita destinada a cometer delitos y trata de personas con fines de explotación sexual, en el marco de la causa en la que se investiga a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo.

De los 20 imputados, a catorce se les dictó el procesamiento con prisión preventiva; a cinco sin esa figura procesal con “cauciones reales de 300.000 y 500.000 pesos; y en el caso del médico Jorge Alberto Novas, de la Clínica CMI Abasto, se dictó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo” y se ordenó su inmediata libertad.

Los procesados son Juan Percowicz, Marcela Alejandra Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mariano Krawczky, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Carlos Walter Barragán, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd, y Federico David Sisrro.

Además, se trabó el embargo sobre los bienes de todos los procesados hasta cubrir las sumas de entre 400.000.000 a 1.200.000.000 de pesos, según el caso.

Según la resolución, se “logró probar el funcionamiento de una organización coercitiva que, bajo la apariencia de ‘Escuela de Yoga Buenos Aires’”, se dedicaba a captar personas mediante engaños o en situaciones de vulnerabilidad, tanto por ser menores de edad como por sus graves problemas de adicciones, de salud, diferentes tipos de violencia y situaciones de crisis. Todas fueron aprovechadas por la organización para lograr obtener su confianza con la promesa de sanación, pertenencia y contención, añade.

Además, “se probó un proceso de captación (despersonalización) e instrumentalización de las personas, que constaba del alejamiento de su ámbito familiar y la asignación de una nueva ‘familia’ dentro de la organización para integrarlos en forma plena, incluso proveyéndoles de un nuevo hogar dentro de la sede central y otorgándoles un trabajo”. “A lo largo de un largo y complejo proceso de despersonalización y explotación, a través de métodos de coacción física y psicológica, lo que lograban era el sometimiento total de las víctimas a su voluntad”, sostiene el fallo.

Juan Percowicz, acusado como jefe de la asociación, “hacía alarde de su sabiduría y sus poderes divinos, desarrolló una compleja vertiente adoctrinante, formada por una estructura filosófica basada en literatura clásica, religiosa y espiritual, que conforma el esqueleto sobre el que se sustentan todas las prácticas de coacción física y psicológica de la Escuela como las tareas sexuales exhibicionistas, las ‘curas de sueño’, el aporte mensual por medio de ‘sobres’, entre otros.

Durante la investigación se verificó que la organización contaba, al menos, con tres ámbitos de captación y despersonalización de nuevos miembros: la “Clínica CMI Abasto”, la empresa de coaching “BA Group” y las clases impartidas en el Café de la sede central.

En este contexto, los alumnos eran utilizados como instrumentos y se empleaban sus capacidades y recursos para obtener resultados económicos. Además, la organización poseía con una estructura económica y financiera propia que se utilizaba para el lavado de activos y el despojo de bienes de los alumnos, añade la resolución. Para ello, continuó, contaba con el asesoramiento legal y contable del “Estudio Barneix”, la labor de la “Inmobiliaria Aznarez” y varias empresas en Estados Unidos.

También -continúa el fallo- la investigación comprobó “el contrabando de medicación a Estados Unidos, a través de ‘casalitos’, es decir, personas que viajaban allí con medicamentos para utilizar o distribuir, y traían dinero en efectivo”.

La organización contaba con una estructura jerárquica y piramidal de la que participaban aproximadamente 179 alumnos a "los que se les exigía un pago mensual mínimo de 200 dólares como aporte para la organización" que puede "llegar hasta la suma de 10.000 mil dólares, según el alumno".

Los encuentros sexuales y los ingresos al edificio de la avenida Estado de Israel eran grabados, y las filmaciones se guardaban en el domicilio de la calle Castro Barros 1127, en Bulnes 1455, piso 13 "B", y en Amenábar 1572, piso 5to. A, todas las direcciones pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires, sostiene el documento.

En la clínica CMI Abasto se llevaban a cabo las "curas de sueño", que eran utilizadas por la organización para disciplinar y aleccionar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o tranquilizar a quienes se encontraban alterados o deprimidos y debía ser costeado por el alumno al que se le impusiera.

Las planillas que fueron incautadas "daban cuenta de los pagos mensuales realizados por cada uno de los 'alumnos' como 'aportes' a la EYBA que rondaban los 100.000 dólares", indicó el auto de procesamiento.

Las víctimas se encontraban también bajo servidumbre económica: además de la exigencia mensual del aporte económico que podía alcanzar la suma de 100.000 dólares mensuales, se sumaban los sobres reunidos en ocasión de los cumpleaños del líder que alcanzaban la suma aproximada de 65.000 dólares, detallaron los fiscales.

En los allanamientos realizados entre el 12 y el 17 de agosto, cuando fueron detenidas 19 personas, se secuestraron un millón de pesos, un millón cien mil dólares, computadoras, 129 monedas de oro, celulares, pendrives, pasaportes, fotografías de mujeres semidesnudas, historias clínicas, medicamentos, videos con contenido sexual, juguetes sexuales, preservativos, joyas, planillas con descripción de rangos, chequeras de bancos estadounidenses, documentación bancaria y contable de la organización y de los investigados.

El 16 de agosto, el juez federal Ariel Lijo había rechazado la excarcelación de los imputados y dispuesto la inhibición general de bienes y el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles.

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