Tres víctimas de trata fueron rescatadas en las últimas horas en San Miguel. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal, que detuvo a dos personas, un hombre y una mujer.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia de la Nación. Se denunciaba que un hombre y una mujer regenteaban un prostíbulo donde explotaban sexualmente a varias mujeres, entre ellas menores de edad a las que tenían amenazadas.

De acuerdo a la denuncia, la explotación laboral con fiines sexuales se desarrollaba en un domicilio ubicado en la intersección de Conesa y Serrano, en la localidad de San Miguel. En consecuencia, los uniformados realizaron discretas pesquisas durante varios días y en diferentes horarios.

Establecieron que la pareja utilizaba un vehículo para el traslado de las mujeres explotadas, el cual estacionaba frente a otro inmueble ubicado sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 7200, en la localidad de Moreno. Dicha vivienda sería el domicilio particular de uno de los involucrados.

Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Alicia Vence, Secretaría Nº8 a cargo de María Eugenia Negrello, ordenó el allanamiento de ambos inmuebles.

Durante el operativo realizado en horas de la tarde de ayer, los efectivos federales detuvieron a un hombre y a una mujer, ambos argentinos mayores de edad.

Asimismo fueron rescatadas tres mujeres argentinas y mayores de edad que fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas. 

Cabe destacar que se secuestró una pistola y un cargador con 17 cartuchos de bala, la camioneta utilizada para los trasladados, una notebook, dos teléfonos celulares  y demás elementos de interés para la causa.

Los aprehendidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, por infracción a la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.