Comienza el debate en torno a la suba de tarifas de los servicios de gas y luz, que contempla un esquema diferenciado de subsidios.

En la primera de las audiencias públicas convocada para el martes -a partir de las 10-, que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que "los subsidios energéticos a sectores que no lo requieren son un gasto". "¿Qué implica gastar más en eso? Implica gastar menos en educación, implica gastar menos en ciencia y tecnología y obra pública. Gastar más en subsidios energéticos implica invertir menos. Inversión es futuro. Ese gasto quita recursos para construir futuro", completó.

El Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos.

En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a "proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago", e incentivando a su vez la "adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental".

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una "corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos", representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.

En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6%.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior. En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.

Por último, la franja de 10% de ​usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.