El Gobierno presiona a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se sume al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 10 de abril. Esta estrategia busca mantener operativos los servicios de colectivos y minimizar el impacto de la huelga en el transporte público. 

En este contexto, se llevó a cabo una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA, lo que algunos interpretan como una señal de posible intervención por parte del Ejecutivo.

Fuentes cercanas al secretario general del gremio, Roberto Fernández, indican que este habría manifestado su intención de no adherir al paro, argumentando que la UTA se encuentra bajo una conciliación obligatoria vigente desde la semana pasada debido a negociaciones salariales inconclusas con las cámaras empresariales del sector.

La decisión de la UTA es crucial para el desarrollo del paro general, ya que la participación de los colectiveros es determinante en la efectividad de la medida de fuerza. La postura de Fernández también refleja las tensiones internas dentro de la CGT y su relación con otros líderes sindicales, como los Moyano, con quienes ha tenido diferencias en el pasado.