El Gobierno argentino publicó este 30 de diciembre el decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes.

Es la segunda prórroga consecutiva. A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.

La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero.

Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan deudas por cajas previsionales, coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. 

Sin acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.

El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero.