Tras idas y vueltas y con el período ordinario por finalizar, el gobierno de Javier Milei resolvió convocar a sesiones extraordinarias con la intención de tratar reforma electoral y dio por descartada la posibilidad incluir el Presupuesto 2025. 

Pese al leve avance en las negociaciones abiertas de manera individual con los gobernadores que afloró el pasado martes, por los pasillos de Casa Rosada aseguraron que las posibilidades discutir y aprobar la previsión para el año entrante en diciembre son escasas. 

Los reclamos consisten en las deudas por cajas previsionales; la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares.

Luego de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, una alta fuente anticipó que “habrá extraordinarias”, aunque evitó puntualizar el temario. 

Asimismo, aseguró que buscan debatir reforma política, específicamente la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la modificación del financiamiento de los partidos. 

También estudian sumar la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema, de conseguir los votos necesarios para su aprobación, y con la intención de demostrar que se habilitaron todas las instancias institucionales posibles para el nombramiento por su curso natural.

Si bien en los últimos días los negociadores del Poder Ejecutivo no descartaban avances con las provincias, aclararon que las conversaciones son débiles y que la posibilidad de añadirlo en el temario “es muy baja”, por lo que se espera la prorroga del Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo. 

Tras un nuevo fracaso de la Cámara de Diputados en su intento por tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los condenados en segunda instancia poder ser candidatos a cargos electivos, por los pasillos de Balcarce 50 ven con buenos ojos la chance de tratarlo en diciembre a cambio de que el PRO y el radicalismo acompañen la reforma electoral.